La prescripción en los contratos de reaseguro

1.     Introducción

El presente estudio fue motivado por la enorme relevancia que tiene en la actualidad el conocimiento de los contornos legales de la extinción de la pretensión por prescripción en el contrato de reaseguro, a nivel mundial. Precisamente por eso, fue necesario dedicarse a la verificación, en el ámbito exclusivo del derecho brasileño, de la dogmática legal y de las mejores orientaciones jurisprudenciales sobre el tema, así como buscar destacar los principales matices de carácter práctico, para luego encontrar el mejor tratamiento a ser dado a las relaciones de reaseguro.

Para tener una mejor dimensión del tema, vale la pena recordar lo dispuesto en el art. 189 del Código Civil brasileño, así redactado: Una vez violado el derecho, nace para el titular el derecho de crédito, que se extingue por prescripción, en los plazos contemplados en los artículos 205 y 206. De esta disposición se desprende claramente que la prescripción compromete el derecho a exigir judicialmente la prestación incumplida. En otras palabras, consiste en la pérdida o extinción de la pretensión, de la facultad de reaccionar frente a una violación del derecho, y no en la extinción del propio derecho subjetivo.

Por lo tanto, puede deducirse que la prescripción tiene el efecto de una excepción que se concede a alguien, contra quien no se ha hecho valer su pretensión, durante un determinado plazo, fijado por la ley.

2. Punto de partida para el cómputo de los plazos de prescripción

Por regla general, si la prescripción pone fin a la pretensión jurídica por el transcurso del tiempo unido a la inactividad del sujeto, comienza en el momento en que, pudiendo hacer efectiva la pretensión, no lo hace. El Código Civil brasileño, en el citado art. 189, establece este principio en su texto. Debe tenerse en cuenta que esta regla debe conjugarse siempre con la existencia de las denominadas causas impeditivas, previstas en el artículo 197 y siguientes del mismo diploma legal, por lo que puede afirmarse que el plazo de prescripción comienza en la fecha en que el interesado puede, sin ningún tipo de impedimento, manifestar la pretensión ante los tribunales.

Es cierto que no puede decirse que el plazo de prescripción comience cuando el sujeto deja de ejercitar su derecho, pues no siempre es así, ya que la falta de ejercicio no siempre puede tildarse de inercia por parte del titular.  Debe existir una pretensión accionable, de modo que el plazo sólo comenzaría en el momento en que el sujeto pueda, mediante una acción, ejercer su supuesto derecho.

3. Obstáculos al curso de la prescripción

La norma legal prevé impedimentos al transcurso del plazo de prescripción, así como obstáculos a su continuación una vez iniciado. Los obstáculos se mencionan en las disposiciones de los artículos 197, 198 y 199 del Código Civil, que se enumeran como causas que impiden o suspenden la prescripción que, sin embargo, obedecen a diversas razones. Las razones morales pueden paralizar los plazos. Las razones de defensa o de protección también impiden o suspenden la prescripción. También lo hacen las condiciones suspensivas pendientes o la imposición de un plazo. Si se dan estas causas, el plazo de prescripción se ve perjudicado, ya que tienen un efecto inseparable de paralización o suspensión del plazo.

Los impedimentos, considerados como causas suspensivas, menoscaban la continuidad del plazo, pero sin anular el tiempo transcurrido (mientras los efectos de la causa suspensiva sigan existiendo, el tiempo no se cuenta, sino que se vuelve a contar una vez que cesan, reanudándose desde el momento de su paralización). En efecto, cualquier hecho sobrevenido que, jurídicamente, provoque la suspensión del negocio que se pretende judicialmente, equivale a una condición suspensiva. Aquí podemos mencionar, objetivamente, los elementos exigidos por el reasegurador a su reasegurado a efectos de la recuperación del reaseguro reclamado.

Distintas son las causas disruptivas, que eliminan por completo el lapso de tiempo ya transcurrido, comenzando de cero el nuevo cómputo de la prescripción. Se trata de un evento previsto por la ley, que inutiliza la prescripción en curso, borrándola por completo para volver al punto de partida. Cabe recordar que la interrupción de la prescripción es parte integrante de los derechos facultativos o potestativos cuyo ejercicio es de dominio exclusivo del respectivo titular.

4. Principio de seguridad jurídica a efectos de la disciplina de la prescripción

El principio de seguridad jurídica se considera un elemento fundamental para resolver los problemas que tienen una relevancia objetivamente adecuada en Derecho. Una legislación insegura nunca puede ser justa. En este sentido, la justicia material, al margen de la elección legislativa, expresa o tácita, no garantiza un derecho justo, fiable y calculable. Deben garantizarse leyes claras, determinables y densas, lo suficientemente estables como para garantizar la fiabilidad general. La previsibilidad y fiabilidad de un sistema jurídico es fundamental para su éxito, y así ha sido durante milenios.

Parece indudable que la prescripción sólo se relaciona con esta seguridad jurídica en sentido propio, formal y dogmático. Prescribir es mutilar derechos existentes, presumiblemente justos, en aras de la estabilidad. A partir de la prescripción se pueden vulnerar pretensiones perfectamente justas, negarles una protección adecuada, sólo porque el ordenamiento optó por eliminar la duda sobre su resultado. La importancia del tema es tal que el legislador constitucional brasileño se permitió una saludable repetición normativa. Así, la Constitución se refiere a la seguridad en su preámbulo; en el caput del muy central art. 5, inaugurando así la lista de derechos fundamentales; y en el caput del art. 6, al desfilar la lista de derechos sociales.

Queda claro desde el principio que la seguridad jurídica tiene rango constitucional en el ordenamiento jurídico brasileño. Esto no significa, sin embargo, que la prescripción lo tenga, y ciertamente no lo tiene, como instituto en abstracto, porque la constitucionalización del fundamento no implica la comunicación de status constitucional al vector jurídico de su aplicación. Sin embargo, al considerarse la prescripción como un instituto de orden público, merecedor de regulación en norma legal propia, su aplicación sin ley propia provocaría la suficiente inseguridad como para lesionar algunos de los principios constitucionales antes mencionados.

En general, se reconoce universalmente que los plazos de prescripción están fuertemente vinculados a los principios de orden público, porque actúan activamente como instrumentos de certeza y seguridad de las relaciones jurídicas en el entorno social, que no tolera la existencia de incertidumbres en el ordenamiento jurídico. Y es por ello que la prescripción sólo puede levantarse si está legalmente establecida, es un callejón de muy raro paso, no una avenida, allí donde se busque, porque la seguridad jurídica que subyace a la prescripción es una necesidad que se subraya contemporáneamente en todo el mundo.

5. La prescripción no contempla la analogía, requiere una ley propia para su aplicación

La prescripción no proporciona un recurso hermenéutico, sino que se estructura en la tradición romano-germánica por medio de un plazo general que se aplica a todas las demandas. Sólo cuando existe una norma específica, ese plazo se altera para restringirse en perjuicio del titular, ampliarse en su privilegio o, incluso en el límite máximo de protección, excluir la pretensión del conjunto de la disciplina prescriptiva.  Este fue un ejercicio que, como se señaló anteriormente, el constituyente original no ignoró, en aras de la seguridad jurídica.

Es posible identificar la naturaleza de la prescripción como cuestión de orden público, a partir de la cual se justifican algunas de sus características, como la posibilidad de su conocimiento y decreto ex officio, según el artículo 487, inciso II, del Código de Proceso Civil brasileño. Hay que tener en cuenta que la norma del artículo 192 del Código Civil imposibilita que las partes contratantes declaren la imprescriptibilidad, ya que ésta resultaría de la ley o de la naturaleza del derecho, nunca de la voluntad de las partes o del tribunal.

6. El plazo de prescripción en seguros y reaseguros

El plazo de prescripción para el ejercicio de reclamaciones por parte del asegurado, a través de acciones legales contra el asegurador, y viceversa, es de un año, según lo dispuesto en el punto II, párrafo 1, artículo 206, del Código Civil. Por otro lado, el negocio jurídico de reaseguro, que no cuenta con una disposición legal que lo regule, lo que lo convierte en un contrato atípico mixto, en el caso de la prescripción, está protegido por la no utilización de la ley del contrato típico más próximo, debido al carácter de orden público del instituto de la prescripción y a la necesaria seguridad jurídica. Sin embargo, en 2013, al examinar y juzgar el Recurso Especial nº 1.170.057 – MG, informado por el Juez Ricardo Villas Bôas Cueva, el Superior Tribunal de Justicia – STJ, a través de su Tercera Sala, decidió aplicar a los contratos de reaseguro la prescripción anual establecida en el Ítem II, Párrafo 1º, del artículo 206 del Código Civil, que regula apenas las relaciones jurídicas entre asegurado y asegurador. En la época, la sentencia, a pesar de considerar diferentes los riesgos e intereses de ambos contratos (seguro y reaseguro), decidió calificar el reaseguro como contrato atípico y, en consecuencia, utilizar la teoría de la atipicidad mixta para aplicar la ley del contrato típico más próximo (seguro) en materia de prescripción.

Cabe destacar que la sentencia, en su razonamiento, pasó por alto y ni siquiera mencionó el carácter de orden público de la prescripción, así como la inseguridad jurídica de la aplicación analógica o extensiva de tales principios extintivos de derechos, grave defecto debido a la relación directa de estos elementos de derecho con la materia enjuiciada. En realidad, en la sentencia del Recurso Especial nº 1.170.057, el Tribunal optó por ignorar la ley. De hecho, los tribunales pueden y deben controlar la constitucionalidad de las normas de prescripción. Existen puntos naturales de tensión entre la disciplina prescriptiva y las normas constitucionales, incluso y especialmente en el ámbito de los derechos fundamentales (igualdad; due process; propiedad). Pero esto no es lo que ocurrió en el precedente referido, cuyo contenido gravemente patológico es flagrante y, su aplicación, afortunadamente, no es obligatoria, ya que constituye una sentencia/precedente aislado, sin fuerza vinculante para la magistratura de los tribunales regionales y para el propio STJ.

La prescripción es, por excelencia, la sede de la seguridad. En un duro golpe legislativo, mutila lo que era incuestionablemente el derecho de la parte. Sin embargo, la esencialidad de la herramienta sólo se verá reafirmada por su propia ley, por su aceptación legislativa unánime. En otras palabras, la prescripción civil es un tipo excepcional de libertad anticipada, totalmente dependiente de una disposición expresa de la ley.

La evolución de la jurisprudencia ha sido notable, incluida la de los Tribunales Regionales. Cabe mencionar, como ilustración concreta, la sentencia dictada en 2015 por la 24.ª Sala de Derecho Privado del Tribunal de Justicia de São Paulo, en el proceso del Apelación n.º 4004748-19.2013.8.26. 0562, relatado por el juez Ferreira da Cruz, que así afirmó: “PRESCRIPCIÓN – Instituto que, al limitar/restringir el ejercicio de los derechos por el transcurso del tiempo, es objeto de exégesis estricta – Disciplina normativa que debe ser interpretada restrictivamente, no permitiendo interpretación extensiva, ni analogía – Premisa de razonamiento.” (Énfasis nuestro). El error fatal del fallo en el Recurso Especial No. 1.170.057 – MG fue ignorar completamente la imposibilidad de aplicar analógicamente el instituto de la prescripción, para hacerlo de forma irrestricta a los contratos atípicos. Este grave error ya no lo cometió el entonces ponente de la materia, el ministro Villas Bôas, que, en 2017, al juzgar el Recurso Especial n.º 1.510.619 – SP, afirmó expresamente que es “imperativo recordar que las reglas pertinentes a la prescripción deben recibir una interpretación restrictiva, premisa que excluye la aplicación irrestricta de las hipótesis previstas en el art. 206 del Código Civil” (Énfasis nuestro).

Más recientemente, en 2020, en el caso del Recurso Especial nº 1.819.826 – SP, denunciado por el mismo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, entonces bajo el llamado Recurso de Repetición (caso juzgado por la Segunda Sección del STJ, cuya decisión tiene aplicación obligatoria, con base en la regla del artículo 985 del Código de Proceso Civil), utilizó como fundamento y argumento para establecer su tesis precisamente la imposibilidad de fijación de un plazo de prescripción por analogía, especialmente frente a contratos atípicos.

Es cierto que dicho Fallo Repetitivo no puede aplicarse de forma imperativa a las hipótesis de prescripción entre asegurador y reasegurador, porque la tesis establecida es diferente (prescripción del derecho a cobrar gastos de demora de contenedor – demourrage), pero sus fundamentos deben ser utilizados por los magistrados en la confrontación de casos cuyos argumentos para establecer su tesis son los mismos, como es el tema de la prescripción en el reaseguro.

La Corte se formó una opinión tan incisiva sobre el tema que lo mencionó directa y expresamente en el ítem 6, del Resumen, así filtrado: “Las normas legales sobre prescripción deben ser interpretadas de forma estricta, rechazando la interpretación extensiva o analógica. Por eso, parece absolutamente inaceptable la fijación de un plazo de prescripción por analogía, medida que no está en consonancia con los principios generales que rigen el Derecho Civil Brasileño, además de constituir un verdadero atentado a la seguridad jurídica, cuya preservación se espera de este Superior Tribunal.” (Énfasis nuestro)

La importancia de impedir la interpretación analógica o extensiva de la prescripción fue tan evidente en la sentencia del Recurso Especial nº 1.819.826 – SP que los jueces, en la página 11 de la sentencia, llegaron a invocar una lección siempre actual de la doctrina dominante así establecida: las normas legales sobre prescripción deben ser interpretadas de forma estricta, repeliendo la propia interpretación analógica. Al citar la inteligencia del artículo 205 del Código Civil, para mostrar la interpretación analógica o extensiva de la regla de la prescripción, la sentencia del Recurso Especial nº 1.819.826 – SP entendió que esto es así porque esta norma “estableció el plazo de prescripción de diez años como regla general a ser aplicada en los casos en que el plazo menor no esté expresamente fijado por la ley”.

Por lo tanto, la cuestión de la prescripción entre asegurador y reasegurador se encuentra, en el ámbito jurisprudencial, totalmente abierta, es decir, sin una solución definitiva, ya que, por un lado, el Recurso Especial n.º 1.170. 057 – MG, de 2013, debe ser considerado sólo como un precedente del Tribunal y, por otro lado, debido a la evolución de la jurisprudencia sobre la tesis que impide el establecimiento de un plazo de prescripción por analogía o por interpretación extensiva, como es un ejemplo referencial el Recurso Especial N º 1.819.826 – SP, que, en forma de Repetición, utilizó fuertemente tales argumentos en su razonamiento. En definitiva, respetando los presupuestos de la necesaria seguridad jurídica constitucional en aras del mantenimiento de la buena ley y el orden público, en materia de prescripción no habrá analogía ni interpretación extensiva, pues, si existe un plazo especialmente previsto para un determinado tipo o negocio jurídico, se aplica; si no hay plazo especial, es decir, si la ley guarda silencio, el plazo es el general, previsto en el artículo 205 del Código Civil. Con mayor razón cuando se trata del contrato de reaseguro, cuya tipología legal de atipicidad mixta no autoriza, a efectos de interpretación complementaria, la utilización de los dictados legales elaborados para el contrato típico más próximo (seguro).

7. Conclusión

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es posible afirmar que el plazo de prescripción de las relaciones derivadas del contrato de reaseguro, en virtud de la legislación brasileña, es de diez años, tal como se menciona en el artículo 205 del Código Civil. Esto es así porque, por un lado, no existe en la ley una previsión específica de plazo de prescripción para las relaciones de reaseguro (contrato atípico mixto) y, por otro, porque es imposible promover una interpretación analógica y extensiva al reaseguro para aplicarle el plazo establecido para los contratos de seguro. No obstante el contenido de la sentencia en el Recurso Especial nº 1.170.057 – MG del STJ, que trató específicamente de la prescripción entre aseguradora y reaseguradora, fijándola en un año, tal decisión, además de no tener fuerza de ley para aplicación general, por no ser Precedente de Sección del STJ y/o Repetitiva, omitió examinar cuestiones cruciales para la solución de la disputa, como la no aplicación, por analogía o por extensión, de la prescripción a negocios jurídicos no regulados por ley, como el reaseguro. Además, en una flagrante y admirable evolución jurisprudencial, los Magistrados que componían la sala juzgadora, al enfrentarse a tales cuestiones en sentencias posteriores, honraron unánimemente la tesis de la imposibilidad de utilizar por analogía o extensivamente el instituto de la prescripción y sentaron las bases necesarias para no utilizar la prescripción anual en materia de reaseguro, que deberán prevalecer en cualquier demanda futura sobre la materia.

Por último, la jerarquía de fuentes de la regulación contractual del reaseguro, entendido en su tipología legal de mixto atípico, exige acudir a las reglas y principios establecidos por la ley para la generalidad de los contratos, especialmente en materia de prescripción, máxime tratándose de una cuestión de orden público, cuya seguridad jurídica sólo se alcanzará con la estricta utilización de la norma legal puesta en marcha, en este caso, cabe reiterar, del precepto establecido en el artículo 205 del Código Civil.